El miércoles en una ceremonia cargada de símbolos militares, asumió en Tegucigalpa Porfirio Lobo como nuevo presidente de Honduras. Su elección se produjo en noviembre pasado en unos comicios con elevada abastención y sin observadores internacionales.

El mandatario pertenece al derechista Partido Nacional, y pese a su cercanía con el usurpador Micheletti, dio algunas garantías a la resistencia para que Manuel Zelaya pudiera salir. Pero la demanda por democracia sigue viva y tiene un claro nombre: ¡Asamblea Constituyente!.

El trapaso del mando puso fin al amargo capítulo en el que Zelaya regresó a Honduras luchando infructuosamente por restablecer el orden constitucional, y mantener viva la esperanza de su pueblo.

Pese a la evidente falta de legitimidad de las últimas elecciones, el silencio de los medios de comunicación manejados por los golpistas, impidió visibilizar la anormalidad del proceso y la lucha constante de la resistencia.

El ex dictador y "diputado vitalicio", Roberto Micheletti, entrega un país casi quebrado en lo económico, y profundamente socavado en las bases de su institucionalidad.

Por eso ahora, mucho más que con Zelaya y la "cuarta urna", la oposición pide la convocatoria a una Asamblea Constituyente que recupere el derecho a la autodeterminación que fuera conculcado a los hondureños.

La comparación con Chile resulta inevitable, ¿cómo pueden los pueblos ejercer su soberanía y su autonomía, cuando existen constituciones que contienen "artículos pétreos" contra toda legítima reforma?

Tal es el caso del país centroamericano, que ahora sabe que la aparente estabilidad que vivió en los últimos 30 años descansaba en la impunidad con que fuera redactada su propia Carta Fundamental.

Al llegar el día en que se propusieron los cambios, para buena parte de la clase política fue mejor pasar por encima de la ley usando la  fuerza, que permitir que la ciudadanía deliberara.

Cuando el Presidente Zelaya vino a Chile, Radio Tierra pudo preguntarle personalmente cuánto había pesado el sistema de medios de su país en violar la propia Constitución bajo la excusa de "salvar la democracia". Su respuesta no dejó dudas, fue una auténtica colusión.

Las democracias no deberían necesitar ser salvadas por nadie, por ningún caudillo civil o militar, por ningún partido político mesiánico, al contrario, un país con separación de poderes y libertades civiles, con igual acceso a difundir y recibir informaciones de parte de todos los actores de la sociedad, debería ser capaz de tener una discusión pública de suficiente calidad e intensidad que distribuya el poder y destierre el fantasma del autoritarismo.

Video: Canal 6 de San Pedro Sula